A pesar de la oposición del Senado, el gobierno de Felipe Calderón suscribió el miércoles 11 el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) que, a decir de los especialistas, otorga un poder ilimitado a las trasnacionales del entretenimiento y propietarias de marcas y patentes en detrimento de las libertades individuales y el derecho al intercambio de información en internet. A diferencia de los países de la Unión Europea –que rechazaron el acuerdo por considerarlo una amenaza a las libertades de sus ciudadanos–, el gobierno de Calderón actuó en forma subrepticia: no informó al Congreso ni a la sociedad mexicana sobre la firma del ACTA y sus negociaciones, las cuales se iniciaron en secreto en 2007.
BRUSELAS (Proceso).- Luego de que el miércoles 4 el Parlamento Europeo decidiera desechar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) pues su contenido “es demasiado vago, abierto a una interpretación errónea y en consecuencia representa una amenaza a las libertades de los ciudadanos europeos”, el gobierno de Felipe Calderón firmó ese tratado el miércoles 11 mediante su embajador en Japón, Claude Heller.
A diferencia de los gobiernos de la Unión Europea (UE) que informaron a sus gobernados sobre la fecha en que firmarían el ACTA –el 26 de enero pasado así lo hicieron la Comisión Europea y 22 de los 27 países de la UE–, el gobierno mexicano en un comunicado de prensa anunció su rúbrica la noche del miércoles 11, cuando ya era un hecho consumado.
La decisión del gobierno calderonista de firmar el ACTA llegó cuando los opositores al tratado aún disfrutaban de su victoria en Europa tras la negativa definitiva del Parlamento Europeo.
Estados miembros de la UE, como Alemania u Holanda, suspendieron el proceso de aprobación y ratificación, en gran parte debido a las protestas de sus ciudadanos y de organizaciones defensoras del libre acceso a internet.
El pasado 10 de febrero la ministra alemana de Justicia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país retirar la instrucción para que su gobierno firmara el ACTA; el 30 de mayo el Parlamento holandés rechazó el mismo tratado “al no poder mostrar fehacientemente que no va en contra de las leyes europeas y holandesas”.
Más aún, el pasado 1 de febrero la embajadora de Eslovenia en Japón, Helena Zorko Drnovsek, quien el 26 de enero firmó el tratado en nombre de su país, reconoció que así lo había hecho “por descuido cívico, ya que no presté suficiente atención (…) Sencillamente –escribió en una disculpa pública– no conecté con claridad lo que plantea el tratado que fui instruida para signar y el que, de acuerdo con mis propias convicciones cívicas, limita y retiene la libertad de participación en la red más grande e importante en la historia de la humanidad y, por lo tanto, limita el futuro de nuestros hijos”.
También Polonia suspendió el proceso de ratificación. Así lo anunció a principios de febrero –cuando los manifestantes contra el ACTA tomaban las calles de ese país– Donald Tusk, el primer ministro, quien reconoció la falta de consulta en torno al acuerdo y que éste abordaba el tema del combate a la piratería desde una perspectiva del siglo pasado. Su gobierno prometió realizar una “extensa discusión” que incluya a los usuarios de internet y a los organismos encargados de la protección de la privacidad.
El gobierno rumano comunicó el 23 de febrero que no ratificaría el ACTA sino hasta que la Corte Europea de Justicia garantizara en un fallo que tal documento respeta las leyes fundamentales de la UE, lo cual podría demorar años.
Libertades amenazadas
El ACTA –impulsado por Estados Unidos y negociado en secreto desde 2007– contiene una serie de disposiciones que dan poder ilimitado a las trasnacionales del entretenimiento y propietarias de marcas y patentes (como las farmacéuticas) en detrimento de las libertades individuales, el derecho al intercambio de información en internet y el interés público (como imposibilitar el comercio de medicamentos genéricos).
La organización Knowledge Ecology International advierte que el ACTA desconoce ciertos límites establecidos desde 1994 en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de Comercio (Proceso 1747).
Por ejemplo, el TRIPS no establece la obligación de perseguir judicialmente o forzar al pago de daños a las personas que adquieran de manera “casual” productos que violen los derechos de propiedad intelectual. El ACTA no considera esta excepción.
Otro riesgo apunta al control sobre internet y la violación a la privacidad de los mensajes. Las organizaciones defensoras de un acceso libre a la red son unánimes: el ACTA plantea la posibilidad de que las compañías proveedoras de internet se vean obligadas a cooperar con la policía. “En caso de que un cliente cometa violaciones a la propiedad intelectual (como descargar canciones, películas o documentos) la proveedora deberá comunicar sus datos personales a las autoridades”, señala la organización estadunidense IP Justice en diversos reportes.
Además las autoridades “podrán ordenar a la compañía desconectar el acceso a la red de un abonado o borrar páginas de internet a solicitud de las empresas de entretenimiento de Hollywood sin juicio previo, como se estipula actualmente”, agrega.
El 20 de octubre de 2010, durante un debate en el Parlamento Europeo, el eurodiputado Christian Engström, del Partido Pirata Sueco, observó: “La Comisión Europea repite que el ACTA no prevé la ley de los tres avisos (antes de cortar internet por una sospecha de descarga ilegal). Sin embargo cuando uno lee el texto, en su preámbulo se señala que las partes firmantes del acuerdo ‘están deseosas de promover la cooperación entre los proveedores de servicios y los titulares de los derechos para enfrentar las infracciones pertinentes en el entorno digital’” (Proceso 1808)
Y abundó: “Si esto no se trata de la ley de los tres avisos, entonces, ¿qué es? Está muy bien hablar de cooperación entre los titulares de los derechos de autor y las firmas proveedoras de internet, pero ¿qué se supone que deben hacer estas últimas? No queremos que sean forzadas a actuar como policías privados. Y si no quieren cumplir este papel, ¿qué medidas se tomarán contra ellas? Me preocupa que el lenguaje de este acuerdo sea tan ambiguo que no queda claro lo que significa”.
Información: http://www.proceso.com.mx/?p=314234
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