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El alumbramiento de los medios propios

Calderón y Fox favorecen concentración mediática

En los Gobiernos panistas aumentan índices de concentración mediática

La Revolución de Islandia y su moderna Ley de Medios

Un ejemplo en legislación de comunicaciones

#YoSoy132GDL busca una Nueva Ley de Medios

Video en apoyo a la nueva Ley de Medios propuesta por la AMEDI

El Partido Verde al Servicio de las Televisoras

Coordinará la Comisión de Radio y Televisión

domingo, 22 de julio de 2012

El futuro de la Televisión Digital Terrestre en México

Antes de que la televisión digital terrestre sea una realidad en el país, su futuro ya se encuentra comprometido. Las decisiones tanto de la Comisión Federal de Competencia como de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (CFT) están orientadas a reforzar el monopolio televisivo y de telecomunicaciones en manos de un solo operador: Televisa.

 


Así lo indica el hecho de que, contraviniendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la llamada Ley Televisa en su artículo 28 A, a la empresa de Azcárraga se le permita usar los cuatro canales espejo en TDT para dar también otros servicios sin haber licitado por ellos.

Son 24 franjas del espectro que podrá usar, gracias a la multiprogramación. Por su parte, Azteca gozará de la misma prebenda con los 18 canales en su provecho.

La unión entre Televisa y Azteca a través de Iusacell no tardará en reforzar el monopolio, alzando con ésta las barreras a la entrada de nuevos jugadores de una manera inevitable. La empresa que quiera convertirse en la tercera o cuarta cadena tendrá que batallar mucho para obtener un segmento del mercado publicitario, ahora mismo en descenso.

Están pendientes de otorgarse 300 frecuencias de TDT en el país, supuestamente serían para armar una tercera cadena. Sin embargo el gobierno nada ha dicho de convertirla en una cadena pública o en varias regionales con el mismo carácter. Por la trayectoria histórica de quienes tienen en sus manos el poder para otorgar las concesiones, lo más probable es que ganará la licitación un grupo privado.

Por contraste los medios públicos han sido soslayados. Unos pocos se encuentran ya en la pista digital, por ejemplo el 44 de la Universidad de Guadalajara que en cuanto tuvo la concesión la echó a andar con buen éxito. Y se les ha marginado en materia de cuádruple play, ¿cuál sería la razón para no otorgarles la posibilidad de ofrecer telefonía local, internet y servicio de pago por evento? Con ello podrían llegar a ser casi autosuficientes sin tener que manchar su pantalla con anuncios.

En materia de fibra óptica el Estado ha desarrollado ampliamente la infraestructura. A finales de 2011, la CFE contaba con una red nacional de 38 mil 497 kilómetros destinada a incrementar la seguridad del sistema eléctrico. Sin embargo su potencial es mucho mayor y en el futuro puede utilizarse también para las comunicaciones de voz, datos y video, con lo cual quedaría implementada para dar servicios de telefonía, telecomunicaciones y televisión. A la fecha se ha dado una sola licitación de dicha red, adjudicada a mediados de 2010 al consorcio integrado por Telefónica (empresa española), Megacable (el segundo sistema más grande de cable del país) y Televisa a un precio irrisorio en relación con las posibilidades de obtener utilidades: 883 millones de pesos.

Frente a una política de entrega continua de las viejas y nuevas tecnologías a un consorcio, que ya es dominante en el mercado mexicano, lo que sigue es lo sucedido en Italia hace algunos años con Mediaset, de Berlusconi: el acaparamiento de la comunicación y del poder político por un solo grupo empresarial.


Nota de
FLORENCE TOUSSAINT en Proceso

jueves, 19 de julio de 2012

Con los gobiernos panistas aumentó la concentración mediática en México

La herencia de los gobiernos del PAN

En tan sólo doce años los índices de concentración mediática aumentaron de manera sustancial, dos sexenios de gobiernos panistas, en los que la multiplicación de las plataformas tecnológicas, gracias a la digitalización, hicieron que a nivel mundial se viera como una gran oportunidad para promover el pluralismo en los medios, simplemente en México lo que sucedió fue una mayor concentración.


Primero con Vicente Fox y después con Felipe Calderón, los concesionarios de la radio, pero especialmente de la televisión lograron una serie de prebendas que acrecentó su hegemonía en la vida política del país, algunas de ellas son:

1. El “decretazo” del 10 de octubre de 2002, que redujo de 12.5 a 1.25 por ciento el tiempo que los medios electrónicos otorgan en especie al Estado mexicano. A partir del año siguiente se disparó de manera exponencial el gasto público en comunicación social, cuyas principales beneficiarias son precisamente las televisoras privadas.

2. La toma de las instalaciones de CNI Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite por parte de un comando armado enviado por Ricardo Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca, el 27 de diciembre de 2002. Desde entonces el empresario se hizo de un canal adicional de cobertura local de manera ilegal, sin que hasta el momento la autoridad haya actuado conforme a derecho.


3. El acuerdo de adopción del estándar tecnológico ATSC/53, la política de transición a la Televisión Digital Terrestre y el modelo de multiprogramación, promulgado en 2004 por Vicente Fox, mismo que no promueve la pluralidad. En este mismo acuerdo se refrendaron las frecuencias de las televisoras hasta 2021 sin el pago de una contraprestación. Con esta multiprogramación las señales de Televisa y Tv Azteca se podrán multiplicar hasta por seis.

4. La aprobación unánime por 327 votos y en sólo siete minutos, el 1º de diciembre de 2005, de la llamada Ley Televisa, y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2006. Aunque esta iniciativa fue desmontada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el régimen jurídic, por la irrisoria cantidad de 884 millones de pesos. Haeció intocado y, por lo tanto, a favor de las televisoras.


5. El Acuerdo de Convergencia de 2006 que permite a los operadores de televisión y audio restringidos a ofertar telefonía (Televisa concentra 53% del total de suscriptores de televisión de paga).

6. Diversas autorizaciones por parte de la Comisión Federal de Competencia para que Televisa pudiera adquirir porcentajes mayoritarios de empresas de cable como Cablemás, Televisión Internacional (TVI), permitiéndole una concentración de más del 50% del mercado, sin que hasta el momento se le haya declarado dominante.


7. La resolución de la Cofeco que autoriza la comercialización de señales de televisión abierta para sus competidores, definidas en la Ley Federal de Radio y Televisión como libres y gratuitas. No existe en la ley la obligación del must offer y must carry y esa circunstancia beneficia una vez más a las televisoras y afecta seriamente la competencia para otros jugadores más pequeños.

8. El otorgamiento (10 de junio de 2010) al grupo de inversionistas integrado por Televisa, Telefónica y Megacable de un par de hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad, por la irrisoria cantidad de 884 millones de pesos. Han pasado dos años y todavía no iluminan ni operan esa infraestructura básica, que se concesionó a bajo costo para fomentar la competencia y la inversión en el mercado de las telecomunicaciones. La Auditoria Superior de la Federación en su informe del 2011 al Congreso determinó como un daño patrimonial a la Nación por el irrisorio precio con el que se ganó la licitación y el procedimiento mismo.


9. La aprobación de la concentración Iusacell-Televisa el pasado 14 de junio por parte de la CFC, con lo cual ésta última podrá dar servicio en todas las plataformas tecnológicas existentes y que convierten en la práctica al duopolio en un monopolio televisivo.

10. La falta de compromiso para impulsar una legislación integral en radiodifusión y telecomunicaciones. El PAN –secundado por otros partidos en ambas cámaras del Congreso– presentó la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, el esfuerzo más acabado por reformar el régimen legal en esta materia. Sin embargo, el alejamiento del gobierno y su partido para sacar adelante su propia iniciativa fue absoluto.

Si es en los medios de comunicación donde se pueden materializar la libertad de expresión y el derecho a la información, la herencia de los gobiernos panistas que permitió esta grosera concentración deja mucho que deberle al ejercicio de estos derechos por amplios sectores de la sociedad, pero sobre todo dejan una grave afectación a la democracia misma, tal como lo hemos constatado en este proceso electoral donde nuevamente la inequidad se reflejó en el penoso papel de los medios, especialmente de Televisa, antes soldado del PRI ahora General que manda.

Nota de La Silla Rota

lunes, 16 de julio de 2012

Democratizar los medios en tiempos de la “política de pantallas”

Justo cuando el Movimiento #YoSoy132 exige la democratización de los medios de comunicación, el Gobierno de Felipe Calderón, vía la Comisión Federal de Competencia (CFC), anunció la aprobación de la unión empresarial entre Grupo Televisa y Iusacell, perteneciente a Grupo Salinas, dueño también de Tv Azteca.



Con esto, la CFC dio luz verde a lo que ya el 24 de enero había considerado un “grave riesgo para la competencia”, pues se aseguraba que esta fusión concentraría aún más el mercado y poder de ambas empresas.

Sin embargo, cinco meses y luego de un Recurso de Reconsideración, interpuesto por las televisoras, la CFC reculó asegurando que ambas empresas presentaron diversas propuestas para resolver los problemas de concentración y competencia que generaría su fusión; es decir, convencieron a este órgano regulador de que no existe “riesgo de colusión”, sino mayor competencia en los mercados de telefonía (fija y celular) y de televisión abierta y restringida.

Para que la unión Televisa-Iusacell se aprobara tanto las televisoras como la CFC y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), acordaron sujetar esta decisión a la licitación de una tercera cadena nacional; es decir, no fue la autoridad en plena autonomía la que licitó esta nueva cadena (aunque la Cofetel recientemente lanzó el Programa de Concesionamiento de Frecuencias de Televisión), no. Esta esperada decisión surgió como parte de una negociación donde las televisoras decidieron “ceder” y dar paso a lo que por muchos años se han interpuesto: una tercera cadena nacional.

La cual, a decir de la resolución de la CFC (12-2012), tiene que “realizarse exitosamente” en un plazo no mayor de 24 meses, pues de no darse esto detonará automáticamente un mecanismo de disolución de la sociedad entre Grupo Televisa y Grupo Salinas en Iusacell.

Hasta ahí todo parece medianamente razonable; no obstante, si la tercera cadena no se logra para disolver la unión uno de los accionistas está obligado a vender al otro su parte. Acción que evidentemente favorece a Televisa, pues es ésta la que va a inyectar su capital en Iusacell para se posicione como una competencia real de cara al también dominio monopólico de Telmex y Telcel, propiedad de Carlos Slim.

¿Qué garantiza, que pese a la resolución de la CFC, Televisa y Tv Azteca no hagan lo imposible para impedir la entrada de un nuevo competidor al mercado televisivo? Al fin de cuentas, la disolución de su unión acaba igualmente favoreciendo a Televisa.

El peso que tienen las pantallas televisivas en el juego de lo político es mucho más fuerte e incisivo de lo que parece, pues éstas no sólo son capaces de usar todo su potencial para manipular (de forma pagada o no) las percepciones del 94.4% de la audiencia que sólo tiene acceso a Televisa y Tv Azteca, sino que además condicionan las decisiones gubernamentales en materia de concesiones para que éstas no pierdan terreno ni poder y, en cambio, se muestren plurales al apostar por una aparente democratización y competencia.

No se puede, bajo ninguna circunstancia, justificar la unión entre Televisa y Tv Azteca diciendo que esto abrirá la competencia en el mercado de la telefonía (ampliamente dominado por las empresas de Carlos Slim), pues esto no sólo da mayor poder a las televisoras sino que las coloca en un sitio privilegiado al ser éstas quienes tienen todos los insumos necesarios para dominar el llamado Total Play o Cuadrúple Play (servicios integrados de telefonía fija y celular, televisión digital e internet).

¿Cómo entender el combate a un monopolio si se le da más poder al duopolio televisivo?

Para esto, la CFC en su resolución precisó que “para evitar el riesgo de colusión” (en el uso de las palabras se puede vislumbrar el riesgo del que es consciente este órgano regulador) se impusieron “condiciones de no discriminación” en la venta de publicidad y de contenidos televisivos; es decir, que bajo ninguna circunstancia se condicionará la venta de publicidad en los espacios televisivos a cambio de la contratación de Iusacell o viceversa. También se estableció que la administración y operación de Iusacell debe estar desligada de los negocios de televisión abierta y restringida.

De no cumplir estas condiciones ambas empresas no sólo tendrán que dar por terminada su relación empresarial sino que además deberán pagar una multa del 10% de sus ingresos anuales. En este punto, también aplica la cláusula de que tras la disolución una tendrá que vender sus acciones a la otra.

Democratizar los medios no es darle más a los que ya son dominantes, ni establecer mecanismos que simulen apertura y competencia, tampoco es intercambiar concesiones para favorecer las prácticas monopólicas de unos sobre los otros.

Democratizar los medios es proponer nuevos esquemas jurídicos y legales para impedir no sólo las prácticas evidentemente monopólicas sino la política de pantallas que condiciona y minimiza el diálogo social al ofrecer una visión sesgada, parcial y siempre incompleta de nuestro entorno, la cual además sujeta a una carga simbólico-ideológica que mira a los ciudadanos únicamente como consumidores y electores en potencia, pero no como sujetos de derechos.

En nuestras manos está, el no sólo apagar la televisión (lo cual es una acción inicial pero de poco impacto) sino el de sumarnos a una propuesta integral de telecomunicaciones y política de medios donde los temas de comunicación y tecnologías puedan ser vistos más allá del acceso y la regulación, destacando lo central que debe ser que los ciudadanos podamos ejercer el derecho a comunicarse libremente, lo cual incluye el acceso y la participación dentro de los medios, principalmente aquellos de carácter público; pero también la creación y regulación de un sistema de medios descentralizados y desconcentrados que permitan generar la equidad en la producción y distribución de contenidos

Por Darwin Franco

#YoSoy132GDL Rechaza la fusión Televisa-Iusacell

#YoSoy132 Rechaza la fusión Televisa-Iusacell

#YoSoy132GDL busca una nueva Ley de Medios

A.C.T.A. un peligro para la libertad de expresión en México

A pesar de la oposición del Senado, el gobierno de Felipe Calderón suscribió el miércoles 11 el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) que, a decir de los especialistas, otorga un poder ilimitado a las trasnacionales del entretenimiento y propietarias de marcas y patentes en detrimento de las libertades individuales y el derecho al intercambio de información en internet. A diferencia de los países de la Unión Europea –que rechazaron el acuerdo por considerarlo una amenaza a las libertades de sus ciudadanos–, el gobierno de Calderón actuó en forma subrepticia: no informó al Congreso ni a la sociedad mexicana sobre la firma del ACTA y sus negociaciones, las cuales se iniciaron en secreto en 2007.

 

BRUSELAS (Proceso).- Luego de que el miércoles 4 el Parlamento Europeo decidiera desechar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) pues su contenido “es demasiado vago, abierto a una interpretación errónea y en consecuencia representa una amenaza a las libertades de los ciudadanos europeos”, el gobierno de Felipe Calderón firmó ese tratado el miércoles 11 mediante su embajador en Japón, Claude Heller.
A diferencia de los gobiernos de la Unión Europea (UE) que informaron a sus gobernados sobre la fecha en que firmarían el ACTA –el 26 de enero pasado así lo hicieron la Comisión Europea y 22 de los 27 países de la UE–, el gobierno mexicano en un comunicado de prensa anunció su rúbrica la noche del miércoles 11, cuando ya era un hecho consumado.
La decisión del gobierno calderonista de firmar el ACTA llegó cuando los opositores al tratado aún disfrutaban de su victoria en Europa tras la negativa definitiva del Parlamento Europeo.
Estados miembros de la UE, como Alemania u Holanda, suspendieron el proceso de aprobación y ratificación, en gran parte debido a las protestas de sus ciudadanos y de organizaciones defensoras del libre acceso a internet.
El pasado 10 de febrero la ministra alemana de Justicia, Sabine Leutheusser-Schna­rrenberger, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país retirar la instrucción para que su gobierno firmara el ACTA; el 30 de mayo el Parlamento holandés rechazó el mismo tratado “al no poder mostrar fehacientemente que no va en contra de las leyes europeas y holandesas”.
Más aún, el pasado 1 de febrero la embajadora de Eslovenia en Japón, Helena Zorko Drnovsek, quien el 26 de enero firmó el tratado en nombre de su país, reconoció que así lo había hecho “por descuido cívico, ya que no presté suficiente atención (…) Sencillamente –escribió en una disculpa pública– no conecté con claridad lo que plantea el tratado que fui instruida para signar y el que, de acuerdo con mis propias convicciones cívicas, limita y retiene la libertad de participación en la red más grande e importante en la historia de la humanidad y, por lo tanto, limita el futuro de nuestros hijos”.
También Polonia suspendió el proceso de ratificación. Así lo anunció a principios de febrero –cuando los manifestantes contra el ACTA tomaban las calles de ese país– Donald Tusk, el primer ministro, quien reconoció la falta de consulta en torno al acuerdo y que éste abordaba el tema del combate a la piratería desde una perspectiva del siglo pasado. Su gobierno prometió realizar una “extensa discusión” que incluya a los usuarios de internet y a los organismos encargados de la protección de la privacidad.
El gobierno rumano comunicó el 23 de febrero que no ratificaría el ACTA sino hasta que la Corte Europea de Justicia garantizara en un fallo que tal documento respeta las leyes fundamentales de la UE, lo cual podría demorar años.

Libertades amenazadas

El ACTA –impulsado por Estados Unidos y negociado en secreto desde 2007– contiene una serie de disposiciones que dan poder ilimitado a las trasnacionales del entretenimiento y propietarias de marcas y patentes (como las farmacéuticas) en detrimento de las libertades individuales, el derecho al intercambio de información en internet y el interés público (como imposibilitar el comercio de medicamentos genéricos).
La organización Knowledge Ecology International advierte que el ACTA desconoce ciertos límites establecidos desde 1994 en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de Comercio (Proceso 1747).
Por ejemplo, el TRIPS no establece la obligación de perseguir judicialmente o forzar al pago de daños a las personas que adquieran de manera “casual” productos que violen los derechos de propiedad intelectual. El ACTA no considera esta excepción.
Otro riesgo apunta al control sobre internet y la violación a la privacidad de los mensajes. Las organizaciones defensoras de un acceso libre a la red son unánimes: el ACTA plantea la posibilidad de que las compañías proveedoras de internet se vean obligadas a cooperar con la policía. “En caso de que un cliente cometa violaciones a la propiedad intelectual (como descargar canciones, películas o documentos) la proveedora deberá comunicar sus datos personales a las autoridades”, señala la organización estadunidense IP Justice en diversos reportes.
Además las autoridades “podrán ordenar a la compañía desconectar el acceso a la red de un abonado o borrar páginas de internet a solicitud de las empresas de entretenimiento de Hollywood sin juicio previo, como se estipula actualmente”, agrega.
El 20 de octubre de 2010, durante un debate en el Parlamento Europeo, el eurodiputado Christian Engström, del Partido Pirata Sueco, observó: “La Comisión Europea repite que el ACTA no prevé la ley de los tres avisos (antes de cortar internet por una sospecha de descarga ilegal). Sin embargo cuando uno lee el texto, en su preámbulo se señala que las partes firmantes del acuerdo ‘están deseosas de promover la cooperación entre los proveedores de servicios y los titulares de los derechos para enfrentar las infracciones pertinentes en el entorno digital’” (Proceso 1808)
Y abundó: “Si esto no se trata de la ley de los tres avisos, entonces, ¿qué es? Está muy bien hablar de cooperación entre los titulares de los derechos de autor y las firmas proveedoras de internet, pero ¿qué se supone que deben hacer estas últimas? No queremos que sean forzadas a actuar como policías privados. Y si no quieren cumplir este papel, ¿qué medidas se tomarán contra ellas? Me preocupa que el lenguaje de este acuerdo sea tan ambiguo que no queda claro lo que significa”.
Información: http://www.proceso.com.mx/?p=314234

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