Tras cuatro años de negociaciones con Grupo MVS, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) decidió romper el diálogo y anunció que retirará las concesiones en poder de la empresa que dirige Joaquín Vargas. De las 68 concesiones vigentes de la banda 2.5Ghz, 42 están en manos del consorcio que dirige Vargas.
En conferencia de prensa, el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, informó que la dependencia decidió “negar la prórroga de todas las concesiones vencidas en la banda de 2.5 Ghz, e iniciar el procedimiento de rescate de todas las concesiones vigentes en la misma banda”. Pérez Jácome explicó que los avances tecnológicos y convergentes permiten que el espectro de esta banda sea ahora utilizado para el despliegue de redes móviles e internet, bajo la tecnología Wimax y LTE que actualmente se encuentran “considerablemente subutilizadas”.
“Para dar una idea de la dimensión de esta subutilización me permitiré utilizar un símil: la banda de 2.5 Ghz es como una autopista de altas especificaciones de la que en México estamos utilizando apenas el acotamiento”, explicó el titular de la SCT.
Pérez Jácome explicó que iniciaron negociaciones con MVS en marzo de 2008 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el nuevo cuadro nacional de atribución de frecuencias, en el que se agregaron los servicios móviles avanzados a los que antes se podían prestar en esta banda del espectro radioeléctrico.
Con MVS se presentaron “diversos esquemas para autorizar la prórroga y la prestación de servicios amplios en sus concesiones”, pero “MVS no aceptó ninguna de las propuestas”, afirmó Pérez Jácome.
El “proceso de rescate” de esta banda iniciará en los próximos meses e incluirá determinar un monto de la indemnización.
Hasta el momento MVS no ha fijado su postura sobre este anuncio. Desde hace más de dos años, las negociaciones se tensaron e, incluso, la empresa adelantó un proyecto de internet de banda ancha móvil para todos que quedó trunco ante la falta de renovación de sus concesiones.
El conflicto salió a relucir cuando la conductora del noticiero estelar de MVS Radio, Carmen Aristegui, afirmó que su breve salida del aire, en febrero de 2010, se debió a las presiones del gobierno calderonista por la banda 2.5 Ghz.
Desde inicios del 2012, MVS se amparó en contra de la decisión de la SCT de no refrendar las concesiones de la compañía que ganó hace casi 20 años para ofrecer originalmente servicios de televisión por microondas y que ahora es considerada una de las bandas más importantes para la convergencia.
Voceros de Grupo Televisa han expresado su interés por tener participación en esta banda de 2.5 Ghz y han acusado a MVS de protagonizar un “monopolio” al poseer la mayoría de los 190 Mhz disponibles.
MVS ha dicho que ofreció cerca de 500 millones de dólares para refrendar el 12% de las concesiones, pero el gobierno ha pedido cerca de 1,200 millones de dólares por l40 de los 190 Mhz que posee la empresa. Apenas el 27 de julio pasado, Joaquín Vargas afirmó que confiaba en que antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón se le otorgara el refrendo de sus concesiones.
Más allá de los eventuales daños generados a dicha entidad privada y de las implicaciones del anuncio de la SCT para la tan cacareada certidumbre jurídica de los inversionistas, la decisión derivará en una afectación social importante, en tanto que cancela el ingreso de nuevos competidores al mercado –aún incipiente en nuestro país– de la Internet de última generación, y refuerza, de esa manera, las posiciones de los concesionarios actuales. Es significativo que el rescate de la banda 2.5 GHz se dé a unos meses de que las autoridades reguladoras de la competencia económica avalaron la alianza corporativa entre Televisa y Iusacell, la cual, entre otras cosas, permitirá al duopolio empresarial de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas prestar el mismo servicio que se le negó a MVS y a sus empresas asociadas y acceder, de esa manera, al llamado cuadruple play (Internet, televisión, telefonía fija y telefonía móvil).
Más aun: no es descabellado suponer que el eventual proceso de licitación de las frecuencias de la banda 2.5 GHz termine por favorecer a aquellos actores con la capacidad económica y técnica para operar ese tipo de servicios a gran escala; es decir, a quienes actualmente detentan una posición de dominancia en las telecomunicaciones de nuestro país.
Es claro, por último, que semejante escenario no sólo transitaría en sentido contrario de la apertura y el incremento de la competencia de ese estratégico sector y, en consecuencia, del interés de los usuarios: afectaría también, el desarrollo democrático de la nación, en la medida en que incrementaría el vasto poder fáctico e indebido de los grandes conglomerados de las telecomunicaciones, su capacidad de presión sobre autoridades y representantes populares, y su tendencia a limitar la libre expresión y el derecho a la información de la sociedad.
Fuentes: Proceso y La Jornada
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