El Partido Verde al Servicio de las Televisoras

El Partido Verde Ecologista de México es el refugio legislativo de las televisoras y coincidentemente es el partido que coordinará la Comisión de Radio y Televisión.

Con el reparto de las comisiones ordinarias en la cámara de diputados, y el "gandallaje" príista de algunas de las más relevantes, pasaría por desapercibido que al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le tocará coordinar la de Radio y Televisión. Sin embargo, es en este partido donde los grandes consorcios mediáticos de este país (principalmente el duopolio televisivo Televisa y Televisión Azteca) han encontrado un refugio legislativo para mantener sus privilegios.

Comúnmente denominada como "telebancada", es un grupo parlamentario que se ha logrado consolidar por tener miembros que impulsan temas de interés para ambas empresas e incluso algunos de sus miembros son familiares de los dueños o accionistas. La mayoría de estos han encontrado cabida en las diputaciones plurinominales del PVEM y algunos también en el Revolucionario Institucional.

Nada más para darnos una idea de los 33 diputados electos del PVEM, se identifican a ocho como cercanos a los intereses de las televisoras. Algunos de ellos son: Rubén Acosta (ex director ejecutivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, institución que en vez de regular la competencia ha reforzado los monopolios); Antonio Cuéllar (ex vicepresidente de asuntos jurídicos de Televisa); Mónica García de la Fuente (ex miembro de asuntos jurídicos de Televisa); Laura Martel Cantú (ex miembro de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión –CIRT-); Carla Alicia Padilla (ex colaboradora de noticias en TV Azteca). Para confirmar la hipótesis de cercanía entre el PVEM y los consorcios televisivos basta con saber que Ninfa Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego (principal accionista de TV Azteca), fue diputada federal de la LXI legislatura y electa senadora en el 2012.

Estos personajes han repetido su puesto legislativo en varias ocasiones y han sido contrapeso constante para impedir las reformas de democratización de los medios de comunicación (esto es: facilitar la competencia en televisión abierta, regular los contenidos, apoyar a las estaciones de radio y televisión públicas y comunitarias, regular la convergencia telecomunicativa, entre otros asuntos pendientes).

El que presidirá esta legislatura a la comisión de Radio y Televisión es Federico González Luna. Fue elegido diputado plurinominal por la tercera circunscripción, es decir los estados del sureste mexicano, por el PVEM. Fue asesor jurídico de la CIRT (institución que vincula a las diferentes empresas de comunicación del país y que se ha caracterizado por tener un peso importante en la definición de las regulaciones y marcos jurídicos de la comunicación en México), así como asesor jurídico de la televisora más grande de habla hispana, Televisa.

Según la investigadora Carmen Patricia Ortega, se decía que fue González Luna el creador de la llamada "Ley Televisa", aunque en las comparecencias se presentó como consultor independiente. Es un actor no del todo público, pero con un perfil totalmente volcado a los intereses de las grandes televisoras.

Información: Intersecciones

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Televisa-Iusacell presionan al Poder Judicial para que deseche el amparo de la Amedi

Después de que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal aceptara la demanda de amparo que el 9 de julio de 2012 presentara la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), en contra de la resolución de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) que autorizó la concentración de Televisa y TV Azteca a través de Iusacell, estas empresas han iniciado estrategias legaloides y chicanas jurídicas para que la juzgadora del caso deseche el amparo de la Amedi y con ello se conculque el derecho legítimo de una asociación para la defensa de la libertad de expresión.

Una vez que fueron notificadas del juicio de amparo 246/2012, GSF Telecom Holding (Iusacell) y Grupo Televisa-Corporativo Vasco de Quiroga, en su calidad de terceras perjudicadas, interpusieron cada una un recurso de queja ante el Décimo y Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente, en contra de la acertada admisión del amparo por parte de la jueza, en cumplimiento de la Constitución. Esta queja por parte de Iusacell y Televisa constituye una presión sobre el Poder Judicial para evitar que éste emita una resolución sobre el tema de fondo que es la afectación de la autorización de la Cofeco sobre el derecho a la información establecido en la contitución.

Por su parte, TV Azteca –como ya ha ocurrido en otras ocasiones– se ha negado a ser notificada por la autoridad judicial. La televisora del Ajusco aduce que no es tercera perjudicada en el caso de la alianza Televisa-Iusacell; sin embargo, en el "escrito de aceptación a las condiciones impuestas" por la Cofeco aparecen las firmas de los representantes legales de TV Azteca, así como de GSF Telecom Holding (Iusacell), Grupo Televisa y Corporativo Vasco de Quiroga.

Lo anterior demuestra, a diferencia de lo dicho por los cuatro comisionados de la Cofeco que aprobaron la concentración Televisa-Iusacell, que TV Azteca sí estuvo involucrada en la operación. En su momento se dijo (y ese fue el argumento para autorizar la operación) que la alianza fomentaría la competencia en el concentrado mercado de la telefonía móvil en México y que la radiodifusión no tenía nada que ver en la negociación. Sin embargo, en el "escrito de aceptación a las condiciones impuestas" por la Cofeco está plasmada la firma del representante legal de TV Azteca, empresa dedicada a los mercados relevantes de la televisión abierta, los contenidos y la publicidad.

A pesar de que TV Azteca aceptó en su totalidad las condiciones de la resolución aprobada por la Cofeco el 6 de junio y notificada el 13 del mismo mes de 2012, la televisora de Ricardo Salinas Pliego se niega a ser notificada por el actuario de la demanda de amparo interpuesta por la AMEDI para obstruir el procedimiento judicial. El domicilio de TV Azteca ya fue ratificado tanto por la Cofeco como por el Servicio de Administración Tributaria.

Como se recordará, la AMEDI presentó una demanda de amparo en contra de la resolución del órgano antimonopolios, con el acompañamiento de la organización Litiga OLE, por lo cual la Cofeco deberá rendir en breve un informe justificado que aclare, motive y fundamente las causas que llevaron a su inopinada resolución del 6 de junio de 2012. La Amedi sustentó su amparo en el interés legítimo colectivo que consagra la Carta Magna, apoyado en las más recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos. El espíritu de esas reformas consiste en que ninguna decisión o resolución de la autoridad puede estar por encima de los derechos fundamentales, debiendo velar en todo momento por su cumplimiento y salvaguarda.

El juicio de amparo es un mecanismo de garantía para la protección de los derechos humanos y un recurso judicial al cual se tiene derecho, el cual no puede ser restringido o interpretado limitativamente. Es obligación de las autoridades que conocen del amparo desarrollar las posibilidades de este recurso judicial en todo momento, de manera que sea un medio de garantía de los derechos accesible, breve, sencillo, idóneo y efecto. Por todo lo anterior, es claro que el recurso de queja de Televisa y Iusacell no procede en materia de derechos humanos y llamamos a la autoridad judicial a no dejarse presionar por los poderes fácticos.

La falta de competencia, el acaparamiento, así como la concentración comercial-empresarial entre agentes económicos que lucran con la información, los contenidos y la publicidad sí conllevan una clara disminución, supresión o afectación a la libertad de expresión y el derecho a la información, afecta la libre concurrencia en los mercados, excluye a otros competidores y perjudica a los consumidores finales de bienes y servicios.

Si la Cofeco fuera conducente y congruente con sus propias resoluciones, tendría que ordenar inmediatamente la desincorporación de Televisa-Iusacell debido a que la primera ya incumplió las condiciones de su operación con la empresa Televisión Internacional (TVI) en 2006. Al respecto, Iusacell incorporó de manera sistemática e indebida a consejeros de esa telefónica en TVI de Monterrey durante el lapso del 7 de abril de 2011 al 6 de junio de 2012. Durante ese periodo la Cofeco investigó y aprobó el interés de Televisa por adquirir 50 por ciento de las acciones de Iusacell. Esa violación ya le mereció a Televisa una multa por 53.8 millones de pesos; aunque no es una sanción definitiva, queda clara la vocación del ahora monopolio convergente por transgredir las condiciones impuestas por la autoridad.

Por todo lo anterior, la AMEDI refrenda su confianza en el Poder Judicial y confía en que los tribunales colegiados desechen las quejas de Televisa y Iusacell por notoriamente improcedentes en materia de derechos humanos. Asimismo, rechaza cualquier presión de los poderes fácticos por impedir el interés legítimo de la sociedad por salvaguardar sus garantías constitucionales, entre ellas la libertad de expresión y el derecho a la información. Por su parte, llama a la Cofeco a hacer cumplir sus propias resoluciones en materia de competencia y solicitar la desincorporación de Televisa-Iusacell por violar las condiciones impuestas.

Fuente: Amedi

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Con una multa se confirma el duopolio Televisa-Iusacell

Televisa se quedó a un voto de verse obligada a separarse de su filial de televisión restringida en el norte de México, CablevisiónMonterrey (TVI), luego de que el regulador antimonopolios decidiera multarla por violar las condiciones de esta compra.

La Comisión Federal de Competencia (CFC) determinó queGrupo Televisa, a través de directivos de diversas de sus filiales, influyó en las actividades de Iusacell antes de que el regulador permitiera la concentración, con lo cual violó una de las condiciones que la televisora aceptó en 2007 para adquirir el 50% de TVI.

El ente antimonopolios multó con casi 54 millones de pesos a la televisora de Emilio Azcárraga Jean por nombrar ejecutivos en la telefónica de Ricardo Salinas Pliego, con lo que violentó la condición de no tener representación en "competidores potenciales en el mercado de audio y televisión restringido", según se lee en la resolución RA-029-2006-I, publicada el viernes pasado.

"El propósito de la condición aludida consiste en impedir que una misma persona participe en los órganos de decisión o gobierno de dos o más competidoras actuales o potenciales. De esta manera se garantiza que las competidoras actuales o potenciales de Grupo Televisa en el mercado relevante puedan tomar decisión de manera completamente independiente", explica la CFC sobre la imposición de esta condición en 2007.

El regulador menciona que ejecutivos de Grupo Televisa comenzaron a tomar puestos con poder de decisión en Iusacell antes de que se le autorizara la compra de 50% de la telefónica, es decir, en ese potencial competidor en TV de paga, puesto que Iusacell controlaba de manera indirecta a TotalPlay.

Con motivo de este desacato se fijó la multa de 53 millones 838,000 de pesos, y en esto se votó de manera unánime, pero el Pleno dividió su opinión sobre si Televisa debía, además, desincorporar a Cablevisión Monterrey, lo que habría significado un duro golpe para el grupo.

Al final, tres comisionados (Eduardo Pérez Motta, Cristina Massa y Rodrigo Morales Elcoro) decidieron que la conducta no ameritaba tal castigo, mientras que el resto del Pleno (Luis Alberto Ibarra y Miguel Flores Bernés) dijeron que con la falta "quedaba sin efecto la autorización concedida para la transacción notificada en el expediente RA-029-2006", es decir, la aceptación del acuerdo Televisa-TVI.

"Adicionalmente, el comisionado Miguel Flores Bernés considera que, derivado del hecho de que la transacción notificada queda sin autorización de esta autoridad, procedería ordenar la desconcentración", expresó el ente en su resolución del caso.

Los comisionados que votaron en contra de perdonar a Iusacell la falta se atuvieron a la resolución original que preveía la desinversión inmediata si se faltaba a las condicionantes, comentó Irene Levy, presidenta del centro de estudios Observatel.

"El precedente me parece peligroso porque los otros comisionados actuaron con discrecionalidad", expuso la analista.

Levy dejó abierta la puerta a que otro agente como Telcel interponga un juicio de amparo contra la resolución, para obligar al ente a que cumpla con la desconcentración de Televisa y TVI.

Cablevisión Monterrey contaba con 370,411 clientes, y sus ingresos alcanzaron los 2,172.7 millones de pesos al cierre de 2011, según datos ofrecidos por la CFC en la resolución.

Información: CNN Expansión

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Rompiendo el Silencio

“No seremos más voces silenciadas. Estamos aquí con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestras esperanzas, a decirles: ¡basta de envenenar la verdad con el dinero! ¡Basta de pervertir el conocimiento y la educación! […] ¡Basta de no dejarnos participar en nuestro futuro! ¡Construyamos el camino que florece en nuestras manos!” Así concluye el histórico manifiesto del movimiento #YoSoy132 pronunciado a las puertas de Televisa al concluir la toma pacífica de sus instalaciones el pasado viernes 27 de julio.

Los jóvenes han tenido el enorme acierto de identificar la democratización de los medios de comunicación como uno de los objetivos prioritarios en la lucha por lograr una democracia auténtica. Es también correcto ubicar a la empresa Televisa como una de las principales responsables tanto de la degradación del debate público nacional como de la corrupción de la esfera de competencia política. Al establecer acuerdos con actores políticos como Enrique Peña Nieto y PVEM, la televisora de Chapultepec ha fomentado un mercado negro en materia de entrevistas y coberturas informativas que no tiene lugar en un contexto democrático.

La abultada telebancada, que incluye más de 15 diputados y senadores cercanos a Televisa y Tv Azteca, también demuestra que la relación entre las televisoras y el PRI y PVEM ha rebasado el intercambio de favores para entrar en una etapa de verdadera simbiosis, en que es cada vez más difícil distinguir dónde terminan las empresas mediáticas y dónde inician los institutos políticos. Mientras, el Instituto Federal Electoral (IFE) se vanagloria con el supuesto éxito en la aplicación del nuevo modelo de comunicación política. Leonardo Valdés afirma que la industria de la radio y la televisión cumplió con su responsabilidad legal y con la democracia.

Nada más lejano de la realidad. En primer lugar, no hay razón para confiar ciegamente en la cifra de 97 por ciento de cumplimiento de la transmisión de los más de 43 millones de promocionales durante las campañas, precampañas e intercampañas. Hace falta elaborar una auditoría ciudadana para saber hasta qué punto se cumplió cabalmente con la pauta del IFE. También existen indicios de que las televisoras jugaron a conveniencia con los tiempos entre la recepción de los órdenes o espots nuevos del IFE y su cumplimiento, por ejemplo con el retiro tardío del promocional calumnioso en contra de López Obrador y el remplazo particularmente veloz de los espots de Peña Nieto.

El monitoreo del IFE de la cobertura de las campañas en radio y televisión fue también deficiente. En lugar de evaluar y contabilizar de manera integral la atención mediática prestada por cada empresa de radio y televisión a cada uno de los candidatos, el IFE contrató a la UNAM solamente para sumar los segundos de las notas informativas y determinar hasta qué punto éstas serían adjetivadas con la inclusión de alguna afirmación explícita. Quedaron totalmente fuera de este ejercicio la contabilización de la cantidad de entrevistas a cada candidato, los comentarios de los locutores y analistas, así como los aspectos de producción, colocación y encuadre de las mismas notas informativas.

En estos aspectos más sutiles, pero igualmente dañinos para la equidad, hubo una burda manipulación mediática en favor del candidato del PRI que no ha sido tomado en cuenta por el IFE. El consejero electoral local Bernardo Barranco es una de las únicas voces críticas que desde dentro el IFE ha hecho señalamientos al respecto, al comentar el sesgo mediático en el estado de México. También habría que recordar cómo las empresas de radio y televisión traicionaron a la democracia al no convocar un solo debate propio entre los candidatos presidenciales, limitar la transmisión del primer debate y negarse a transmitir el tercero, convocado por el movimiento #YoSoy132.

El omnímodo poder del duopolio televisivo es particularmente agresivo, pero otras empresas también han decidido privilegiar su negocio por encima de su independencia. Tal es el caso, por ejemplo, de MVS Comunicaciones, que si bien hoy todavía mantiene el invaluable espacio de Carmen Aristegui, ya empieza a dar peligrosas señales de subordinación al poder al cancelar la transmisión de las colaboraciones de un servidor sobre el tema de la calificación de la elección presidencial (aquí mi carta de renuncia a MVS: http://ow.ly/cKtK9 ).

Mis señalamientos respecto al trasfondo político de este caso no se realizan a la ligera, como ha señalado Alejandro Vargas, presidente de MVS Radio, sino que están plenamente fundamentadas y comprobadas. No es coincidencia, por ejemplo, que el actual vocero del PRI, Eduardo Sánchez, muy recientemente litigaba para MVS el tema del refrendo de la concesión de la banda 2.5 GHz. Esperemos que Peña Nieto se conforme con haber logrado mi renuncia al noticiero de Luis Cárdenas y no pida también incidir en los espacios de Aristegui.

No podemos confiar en las instituciones estatales o la clase política para lograr las transformaciones profundas que necesita el país. Todos debemos poner nuestra parte para seguir el ejemplo de valentía y lucha de los jóvenes del movimiento #YoSoy132. Hablan por todos cuando se niegan a mantenerse callados y rechazan la imposición de un nuevo presidente cuyo único objetivo será distribuir prebendas entre sus amigos, en lugar de velar por el interés público.

Columna de Jhon Ackerman para La Jornada www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

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SCT retira la banda de 2.5GHz a MVS

Tras cuatro años de negociaciones con Grupo MVS, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) decidió romper el diálogo y anunció que retirará las concesiones en poder de la empresa que dirige Joaquín Vargas. De las 68 concesiones vigentes de la banda 2.5Ghz, 42 están en manos del consorcio que dirige Vargas.

 

En conferencia de prensa, el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, informó que la dependencia decidió “negar la prórroga de todas las concesiones vencidas en la banda de 2.5 Ghz, e iniciar el procedimiento de rescate de todas las concesiones vigentes en la misma banda”. Pérez Jácome explicó que los avances tecnológicos y convergentes permiten que el espectro de esta banda sea ahora utilizado para el despliegue de redes móviles e internet, bajo la tecnología Wimax y LTE que actualmente se encuentran “considerablemente subutilizadas”.

“Para dar una idea de la dimensión de esta subutilización me permitiré utilizar un símil: la banda de 2.5 Ghz es como una autopista de altas especificaciones de la que en México estamos utilizando apenas el acotamiento”, explicó el titular de la SCT.

Pérez Jácome explicó que iniciaron negociaciones con MVS en marzo de 2008 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el nuevo cuadro nacional de atribución de frecuencias, en el que se agregaron los servicios móviles avanzados a los que antes se podían prestar en esta banda del espectro radioeléctrico.

Con MVS se presentaron “diversos esquemas para autorizar la prórroga y la prestación de servicios amplios en sus concesiones”, pero “MVS no aceptó ninguna de las propuestas”, afirmó Pérez Jácome.

El “proceso de rescate” de esta banda iniciará en los próximos meses e incluirá determinar un monto de la indemnización.

Hasta el momento MVS no ha fijado su postura sobre este anuncio. Desde hace más de dos años, las negociaciones se tensaron e, incluso, la empresa adelantó un proyecto de internet de banda ancha móvil para todos que quedó trunco ante la falta de renovación de sus concesiones.

El conflicto salió a relucir cuando la conductora del noticiero estelar de MVS Radio, Carmen Aristegui, afirmó que su breve salida del aire, en febrero de 2010, se debió a las presiones del gobierno calderonista por la banda 2.5 Ghz.

Desde inicios del 2012, MVS se amparó en contra de la decisión de la SCT de no refrendar las concesiones de la compañía que ganó hace casi 20 años para ofrecer originalmente servicios de televisión por microondas y que ahora es considerada una de las bandas más importantes para la convergencia.

Voceros de Grupo Televisa han expresado su interés por tener participación en esta banda de 2.5 Ghz y han acusado a MVS de protagonizar un “monopolio” al poseer la mayoría de los 190 Mhz disponibles.

MVS ha dicho que ofreció cerca de 500 millones de dólares para refrendar el 12% de las concesiones, pero el gobierno ha pedido cerca de 1,200 millones de dólares por l40 de los 190 Mhz que posee la empresa. Apenas el 27 de julio pasado, Joaquín Vargas afirmó que confiaba en que antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón se le otorgara el refrendo de sus concesiones.

Más allá de los eventuales daños generados a dicha entidad privada y de las implicaciones del anuncio de la SCT para la tan cacareada certidumbre jurídica de los inversionistas, la decisión derivará en una afectación social importante, en tanto que cancela el ingreso de nuevos competidores al mercado –aún incipiente en nuestro país– de la Internet de última generación, y refuerza, de esa manera, las posiciones de los concesionarios actuales. Es significativo que el rescate de la banda 2.5 GHz se dé a unos meses de que las autoridades reguladoras de la competencia económica avalaron la alianza corporativa entre Televisa y Iusacell, la cual, entre otras cosas, permitirá al duopolio empresarial de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas prestar el mismo servicio que se le negó a MVS y a sus empresas asociadas y acceder, de esa manera, al llamado cuadruple play (Internet, televisión, telefonía fija y telefonía móvil).

Más aun: no es descabellado suponer que el eventual proceso de licitación de las frecuencias de la banda 2.5 GHz termine por favorecer a aquellos actores con la capacidad económica y técnica para operar ese tipo de servicios a gran escala; es decir, a quienes actualmente detentan una posición de dominancia en las telecomunicaciones de nuestro país.

Es claro, por último, que semejante escenario no sólo transitaría en sentido contrario de la apertura y el incremento de la competencia de ese estratégico sector y, en consecuencia, del interés de los usuarios: afectaría también, el desarrollo democrático de la nación, en la medida en que incrementaría el vasto poder fáctico e indebido de los grandes conglomerados de las telecomunicaciones, su capacidad de presión sobre autoridades y representantes populares, y su tendencia a limitar la libre expresión y el derecho a la información de la sociedad.

Fuentes: Proceso y La Jornada

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Televisa dueño absoluto de la concesión de fibra Óptica

Fue a mediados de 2010 que el secretario de Comunicaciones y Transportes Juan Molinar Horcasitas, anunció que el Grupo de Inversionistas (Telefónica-Televisa-Megacable), es el ganador de la licitación de par de hilos de fibra óptica de la CFE. El consorció pagó una contraprestación de solamente 883 millones de pesos al firmar el contrato de arrendamiento con la Comisión Federal de Electricidad.

 

 

Este grupo conformado para participar en la concesión al final estuvo solo, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) eliminó a Iusatel por "fallas en su inscripción". Esta empresa es propiedad de Grupo Salinas. A estas fechas Grupo Salinas y Televisa comparten asociación a través de la fusión Televisa-Iusacell.

Además, muchos especialistas vieron con recelo que el ex secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, hoy director de Telefónica y vinculado al círculo panista, estuviera presente en la empresa que dirige en la licitación.

El titular de la SCT detalló que la operación de este proyecto deberá ser en máximo 18 meses; aunque según las empresas podría ser en un plazo menor.

La renta de los hilos se otorgará por 20 años y el consorcio podrá aprovechar los 19 mil 457 kilómetros de cableado a lo largo del país. La Comisión Federal de Electricidad prestara su infraestructura a este grupo recién formado.

Beneficios de la concesión

A pesar de que la utilización de la fibra óptica es elevada, pues hay que proveer de infraestructura especial, sin embargo, el grupo Telefónica-Televisa-Megacable no tendrá que hacer esta inversión, pues la CFE les permitirá utilizar sus líneas.

Según El Financiero, Juan Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aseguró que se puede transmitir 170 mil canales de televisión digital o cien millones de llamadas telefónicas de manera simultánea.

Con la asignación, Grupo de Inversionistas se convirtió en la tercer operador más importante del país. El primero es Telmex, por su cobertura, y el segundo la CFE, que se da la posibilidad de prestar "caminos" a los nuevos concesionarios.

Además, podrían permitir la interconexión (colgarse de sus líneas y ocuparlas para transmitir datos) a otras empresas. Obviamente, cobrarían por el servicio.

¿De qué sirve la fibra óptica?

La fibra óptica es un medio de transmisión de datos. Es muy fina y maleable , compuesta por material transparente, vidrio o materiales plásticos y trabaja con pulsos de luz.

Las fibras se ocupan de manera continua en las telecomunicaciones, pues facilitan el envío de grandes cantidades de datos a una gran distancia, con la velocidad en la que se propagan las ondas radiales.

Impide las interferencias electromagnéticas y por ellos su nitidez es mejor al momento de transmitir datos, video y audio. El cliente puede adecuar la fibra para lo que más necesite sin necesidad de cambiar sus modos de transmisión originales.

Fuente: Publímetro

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El futuro de la Televisión Digital Terrestre en México

Antes de que la televisión digital terrestre sea una realidad en el país, su futuro ya se encuentra comprometido. Las decisiones tanto de la Comisión Federal de Competencia como de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (CFT) están orientadas a reforzar el monopolio televisivo y de telecomunicaciones en manos de un solo operador: Televisa.

 

Así lo indica el hecho de que, contraviniendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la llamada Ley Televisa en su artículo 28 A, a la empresa de Azcárraga se le permita usar los cuatro canales espejo en TDT para dar también otros servicios sin haber licitado por ellos.

Son 24 franjas del espectro que podrá usar, gracias a la multiprogramación. Por su parte, Azteca gozará de la misma prebenda con los 18 canales en su provecho.

La unión entre Televisa y Azteca a través de Iusacell no tardará en reforzar el monopolio, alzando con ésta las barreras a la entrada de nuevos jugadores de una manera inevitable. La empresa que quiera convertirse en la tercera o cuarta cadena tendrá que batallar mucho para obtener un segmento del mercado publicitario, ahora mismo en descenso.

Están pendientes de otorgarse 300 frecuencias de TDT en el país, supuestamente serían para armar una tercera cadena. Sin embargo el gobierno nada ha dicho de convertirla en una cadena pública o en varias regionales con el mismo carácter. Por la trayectoria histórica de quienes tienen en sus manos el poder para otorgar las concesiones, lo más probable es que ganará la licitación un grupo privado.

Por contraste los medios públicos han sido soslayados. Unos pocos se encuentran ya en la pista digital, por ejemplo el 44 de la Universidad de Guadalajara que en cuanto tuvo la concesión la echó a andar con buen éxito. Y se les ha marginado en materia de cuádruple play, ¿cuál sería la razón para no otorgarles la posibilidad de ofrecer telefonía local, internet y servicio de pago por evento? Con ello podrían llegar a ser casi autosuficientes sin tener que manchar su pantalla con anuncios.

En materia de fibra óptica el Estado ha desarrollado ampliamente la infraestructura. A finales de 2011, la CFE contaba con una red nacional de 38 mil 497 kilómetros destinada a incrementar la seguridad del sistema eléctrico. Sin embargo su potencial es mucho mayor y en el futuro puede utilizarse también para las comunicaciones de voz, datos y video, con lo cual quedaría implementada para dar servicios de telefonía, telecomunicaciones y televisión. A la fecha se ha dado una sola licitación de dicha red, adjudicada a mediados de 2010 al consorcio integrado por Telefónica (empresa española), Megacable (el segundo sistema más grande de cable del país) y Televisa a un precio irrisorio en relación con las posibilidades de obtener utilidades: 883 millones de pesos.

Frente a una política de entrega continua de las viejas y nuevas tecnologías a un consorcio, que ya es dominante en el mercado mexicano, lo que sigue es lo sucedido en Italia hace algunos años con Mediaset, de Berlusconi: el acaparamiento de la comunicación y del poder político por un solo grupo empresarial.

Nota de FLORENCE TOUSSAINT en Proceso

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Con los gobiernos panistas aumentó la concentración mediática en México

La herencia de los gobiernos del PAN

En tan sólo doce años los índices de concentración mediática aumentaron de manera sustancial, dos sexenios de gobiernos panistas, en los que la multiplicación de las plataformas tecnológicas, gracias a la digitalización, hicieron que a nivel mundial se viera como una gran oportunidad para promover el pluralismo en los medios, simplemente en México lo que sucedió fue una mayor concentración.

Primero con Vicente Fox y después con Felipe Calderón, los concesionarios de la radio, pero especialmente de la televisión lograron una serie de prebendas que acrecentó su hegemonía en la vida política del país, algunas de ellas son:

1. El “decretazo” del 10 de octubre de 2002, que redujo de 12.5 a 1.25 por ciento el tiempo que los medios electrónicos otorgan en especie al Estado mexicano. A partir del año siguiente se disparó de manera exponencial el gasto público en comunicación social, cuyas principales beneficiarias son precisamente las televisoras privadas.

2. La toma de las instalaciones de CNI Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite por parte de un comando armado enviado por Ricardo Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca, el 27 de diciembre de 2002. Desde entonces el empresario se hizo de un canal adicional de cobertura local de manera ilegal, sin que hasta el momento la autoridad haya actuado conforme a derecho.


3. El acuerdo de adopción del estándar tecnológico ATSC/53, la política de transición a la Televisión Digital Terrestre y el modelo de multiprogramación, promulgado en 2004 por Vicente Fox, mismo que no promueve la pluralidad. En este mismo acuerdo se refrendaron las frecuencias de las televisoras hasta 2021 sin el pago de una contraprestación. Con esta multiprogramación las señales de Televisa y Tv Azteca se podrán multiplicar hasta por seis.

4. La aprobación unánime por 327 votos y en sólo siete minutos, el 1º de diciembre de 2005, de la llamada Ley Televisa, y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2006. Aunque esta iniciativa fue desmontada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el régimen jurídic, por la irrisoria cantidad de 884 millones de pesos. Haeció intocado y, por lo tanto, a favor de las televisoras.


5. El Acuerdo de Convergencia de 2006 que permite a los operadores de televisión y audio restringidos a ofertar telefonía (Televisa concentra 53% del total de suscriptores de televisión de paga).

6. Diversas autorizaciones por parte de la Comisión Federal de Competencia para que Televisa pudiera adquirir porcentajes mayoritarios de empresas de cable como Cablemás, Televisión Internacional (TVI), permitiéndole una concentración de más del 50% del mercado, sin que hasta el momento se le haya declarado dominante.


7. La resolución de la Cofeco que autoriza la comercialización de señales de televisión abierta para sus competidores, definidas en la Ley Federal de Radio y Televisión como libres y gratuitas. No existe en la ley la obligación del must offer y must carry y esa circunstancia beneficia una vez más a las televisoras y afecta seriamente la competencia para otros jugadores más pequeños.

8. El otorgamiento (10 de junio de 2010) al grupo de inversionistas integrado por Televisa, Telefónica y Megacable de un par de hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad, por la irrisoria cantidad de 884 millones de pesos. Han pasado dos años y todavía no iluminan ni operan esa infraestructura básica, que se concesionó a bajo costo para fomentar la competencia y la inversión en el mercado de las telecomunicaciones. La Auditoria Superior de la Federación en su informe del 2011 al Congreso determinó como un daño patrimonial a la Nación por el irrisorio precio con el que se ganó la licitación y el procedimiento mismo.


9. La aprobación de la concentración Iusacell-Televisa el pasado 14 de junio por parte de la CFC, con lo cual ésta última podrá dar servicio en todas las plataformas tecnológicas existentes y que convierten en la práctica al duopolio en un monopolio televisivo.

10. La falta de compromiso para impulsar una legislación integral en radiodifusión y telecomunicaciones. El PAN –secundado por otros partidos en ambas cámaras del Congreso– presentó la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, el esfuerzo más acabado por reformar el régimen legal en esta materia. Sin embargo, el alejamiento del gobierno y su partido para sacar adelante su propia iniciativa fue absoluto.

Si es en los medios de comunicación donde se pueden materializar la libertad de expresión y el derecho a la información, la herencia de los gobiernos panistas que permitió esta grosera concentración deja mucho que deberle al ejercicio de estos derechos por amplios sectores de la sociedad, pero sobre todo dejan una grave afectación a la democracia misma, tal como lo hemos constatado en este proceso electoral donde nuevamente la inequidad se reflejó en el penoso papel de los medios, especialmente de Televisa, antes soldado del PRI ahora General que manda.

Nota de La Silla Rota

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Democratizar los medios en tiempos de la “política de pantallas”

Justo cuando el Movimiento #YoSoy132 exige la democratización de los medios de comunicación, el Gobierno de Felipe Calderón, vía la Comisión Federal de Competencia (CFC), anunció la aprobación de la unión empresarial entre Grupo Televisa y Iusacell, perteneciente a Grupo Salinas, dueño también de Tv Azteca.

Con esto, la CFC dio luz verde a lo que ya el 24 de enero había considerado un “grave riesgo para la competencia”, pues se aseguraba que esta fusión concentraría aún más el mercado y poder de ambas empresas.

Sin embargo, cinco meses y luego de un Recurso de Reconsideración, interpuesto por las televisoras, la CFC reculó asegurando que ambas empresas presentaron diversas propuestas para resolver los problemas de concentración y competencia que generaría su fusión; es decir, convencieron a este órgano regulador de que no existe “riesgo de colusión”, sino mayor competencia en los mercados de telefonía (fija y celular) y de televisión abierta y restringida.

Para que la unión Televisa-Iusacell se aprobara tanto las televisoras como la CFC y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), acordaron sujetar esta decisión a la licitación de una tercera cadena nacional; es decir, no fue la autoridad en plena autonomía la que licitó esta nueva cadena (aunque la Cofetel recientemente lanzó el Programa de Concesionamiento de Frecuencias de Televisión), no. Esta esperada decisión surgió como parte de una negociación donde las televisoras decidieron “ceder” y dar paso a lo que por muchos años se han interpuesto: una tercera cadena nacional.

La cual, a decir de la resolución de la CFC (12-2012), tiene que “realizarse exitosamente” en un plazo no mayor de 24 meses, pues de no darse esto detonará automáticamente un mecanismo de disolución de la sociedad entre Grupo Televisa y Grupo Salinas en Iusacell.

Hasta ahí todo parece medianamente razonable; no obstante, si la tercera cadena no se logra para disolver la unión uno de los accionistas está obligado a vender al otro su parte. Acción que evidentemente favorece a Televisa, pues es ésta la que va a inyectar su capital en Iusacell para se posicione como una competencia real de cara al también dominio monopólico de Telmex y Telcel, propiedad de Carlos Slim.

¿Qué garantiza, que pese a la resolución de la CFC, Televisa y Tv Azteca no hagan lo imposible para impedir la entrada de un nuevo competidor al mercado televisivo? Al fin de cuentas, la disolución de su unión acaba igualmente favoreciendo a Televisa.

El peso que tienen las pantallas televisivas en el juego de lo político es mucho más fuerte e incisivo de lo que parece, pues éstas no sólo son capaces de usar todo su potencial para manipular (de forma pagada o no) las percepciones del 94.4% de la audiencia que sólo tiene acceso a Televisa y Tv Azteca, sino que además condicionan las decisiones gubernamentales en materia de concesiones para que éstas no pierdan terreno ni poder y, en cambio, se muestren plurales al apostar por una aparente democratización y competencia.

No se puede, bajo ninguna circunstancia, justificar la unión entre Televisa y Tv Azteca diciendo que esto abrirá la competencia en el mercado de la telefonía (ampliamente dominado por las empresas de Carlos Slim), pues esto no sólo da mayor poder a las televisoras sino que las coloca en un sitio privilegiado al ser éstas quienes tienen todos los insumos necesarios para dominar el llamado Total Play o Cuadrúple Play (servicios integrados de telefonía fija y celular, televisión digital e internet).

¿Cómo entender el combate a un monopolio si se le da más poder al duopolio televisivo?

Para esto, la CFC en su resolución precisó que “para evitar el riesgo de colusión” (en el uso de las palabras se puede vislumbrar el riesgo del que es consciente este órgano regulador) se impusieron “condiciones de no discriminación” en la venta de publicidad y de contenidos televisivos; es decir, que bajo ninguna circunstancia se condicionará la venta de publicidad en los espacios televisivos a cambio de la contratación de Iusacell o viceversa. También se estableció que la administración y operación de Iusacell debe estar desligada de los negocios de televisión abierta y restringida.

De no cumplir estas condiciones ambas empresas no sólo tendrán que dar por terminada su relación empresarial sino que además deberán pagar una multa del 10% de sus ingresos anuales. En este punto, también aplica la cláusula de que tras la disolución una tendrá que vender sus acciones a la otra.

Democratizar los medios no es darle más a los que ya son dominantes, ni establecer mecanismos que simulen apertura y competencia, tampoco es intercambiar concesiones para favorecer las prácticas monopólicas de unos sobre los otros.

Democratizar los medios es proponer nuevos esquemas jurídicos y legales para impedir no sólo las prácticas evidentemente monopólicas sino la política de pantallas que condiciona y minimiza el diálogo social al ofrecer una visión sesgada, parcial y siempre incompleta de nuestro entorno, la cual además sujeta a una carga simbólico-ideológica que mira a los ciudadanos únicamente como consumidores y electores en potencia, pero no como sujetos de derechos.

En nuestras manos está, el no sólo apagar la televisión (lo cual es una acción inicial pero de poco impacto) sino el de sumarnos a una propuesta integral de telecomunicaciones y política de medios donde los temas de comunicación y tecnologías puedan ser vistos más allá del acceso y la regulación, destacando lo central que debe ser que los ciudadanos podamos ejercer el derecho a comunicarse libremente, lo cual incluye el acceso y la participación dentro de los medios, principalmente aquellos de carácter público; pero también la creación y regulación de un sistema de medios descentralizados y desconcentrados que permitan generar la equidad en la producción y distribución de contenidos

Por Darwin Franco

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