El gobierno rechazó todas las inciativas de MVS para explotar la banda ancha 2.5 Ghz

De acuerdo con información de La Jornada, Multivisión (MVS) realizó diversas propuestas de pago de contraprestación para continuar explotando el espectro de la banda de 2.5 gigahercios (Ghz); incluso invitó a la autoridad a participar como socia en el proyecto 2.5 Banda Ancha para Todos, a fin de que obtuviera ingresos mayores para el erario de los que implicaría el cobro de derechos, pero todas las iniciativas de la empresa fueron rechazadas.

En un documento enviado el 27 de marzo pasado al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez Jácome, el representante legal de MVS, Federico José Vargas Cavazos, expuso que durante cinco años de negociaciones la empresa hizo diversas propuestas de contraprestación, entendiendo el valor de la banda y pese a que la contraprestación fue fijada en 2003, cuando la SCT concedió la ampliación de uso de frecuencias para ofrecer servicios bidireccionales de datos y transmisión de señales de voz, monto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calculó conforme a la última licitación de la banda de 3.4 Ghz, mediante la cual también se puede ofrecer banda ancha móvil.

El abogado hizo un recuento de cada propuesta de MVS rechazada por la autoridad. La primera para realizar su proyecto en la banda de 2.5 consistió en hacer un pago equivalente al fijado por la SHCP, basado en una banda de 3.4 Ghz, al aplicar una fórmula variable sobre ingresos que se obtuvieran del negocio, para lo que se tomaban como base los pagado por Telcel en las licitaciones de 1997 y 2004 y sus ingresos generados en 2001 y 2008. La SCT la rechazó porque iría contra la Ley Federal de Derechos.

La siguiente propuesta consistió en pagar lo que Hacienda le había fijado para brindar los servicios bidireccionales, pero al mismo tiempo devolver 50 megahercios, en el entendido de que el gobierno reconocería a MVS el valor de esta frecuencias. En este caso la empresa no tuvo respuesta, por lo que en una reunión con el presidente Felipe Calderón ofreció pagar la contraprestación para servicios bidireccionales y 30 por ciento más.

La SCT y la SHCP también rechazaron esa propuesta, con el argumento de que la banda de 2.5 en el futuro también podría usarse para negocios de magnitudes similares al de la telefonía celular, por lo que la contraprestación podría no estar acorde con los ingresos que generaría a la iniciativa privada. Lo anterior, no obstante que no existe a la fecha tecnología disponible para prestar servicios de telefonía móvil en esta banda.

La empresa hizo una nueva oferta con la que resolvería todas las preocupaciones y riesgos expresados dentro del gobierno federal. MVS pagaría cada año el monto mayor entre un pago mínimo garantizado equivalente a los fijados por la SHCP para los servicios bidireccionales de datos más 30 por ciento, y una garantía variable mediante una cuota por mhz utilizado por suscriptor activo en la red, lo que garantizaba al gobierno un ingreso 30 por ciento mayor a los que pagan los concesionarios de bandas para usos iguales, y si el negocio se masificaba y tenía un mercado equiparable al de la telefonía móvil, por lo que la banda de 2.5 pagaría una tarifa equivalente y más mientras tuviera más espectro .

Pero tampoco fue aceptada, porque el gobierno temió que otros concesionarios solicitaran las mismas condiciones. Así rechazó también ser socio en el consorcio concesionario que busca arrancar el proyecto 2.5 Banda Ancha, en el que su aportación serían los derechos que deberían pagarse. Pasado un tiempo saldría del negocio y MVS incluso devolvería una parte del espectro para ser licitado.

MVS precisó en el documento enviado a Pérez Jácome que no podía aceptar la propuesta de la SHCP si no ajustaba sus estimaciones a la economía mexicana, porque la población tiene ingresos tres veces menores a los de los países de la muestra, y eso hace inviable el proyecto 2.5 Banda Ancha para Todos.

Pero en ese documento el abogado de la empresa hizo un nuevo planteamiento a la SCT, que consistió en crear un fideicomiso en el que estarían todos sus derechos derivados de los títulos de concesión pendientes de ser renovados y vigentes; el fideicomiso se encargaría de explorar el mercado global y nacional de potenciales inversionistas para la integración del consorcio concesionario.

El compromiso de MVS era que si había inversionistas interesados en el proyecto con la contraprestación del gobierno haría contratos para constituir el consorcio, pero este ejercicio también podría mostrar que la propuesta oficial no era viable, como ha argumentado la empresa. Cinco meses después la respuesta del gobierno fue iniciar el proceso de recuperación anticipado de la banda de 2.5 Ghz.

Vía La Jornada

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Con los gobiernos panistas aumentó la concentración mediática en México

La herencia de los gobiernos del PAN

En tan sólo doce años los índices de concentración mediática aumentaron de manera sustancial, dos sexenios de gobiernos panistas, en los que la multiplicación de las plataformas tecnológicas, gracias a la digitalización, hicieron que a nivel mundial se viera como una gran oportunidad para promover el pluralismo en los medios, simplemente en México lo que sucedió fue una mayor concentración.

Primero con Vicente Fox y después con Felipe Calderón, los concesionarios de la radio, pero especialmente de la televisión lograron una serie de prebendas que acrecentó su hegemonía en la vida política del país, algunas de ellas son:

1. El “decretazo” del 10 de octubre de 2002, que redujo de 12.5 a 1.25 por ciento el tiempo que los medios electrónicos otorgan en especie al Estado mexicano. A partir del año siguiente se disparó de manera exponencial el gasto público en comunicación social, cuyas principales beneficiarias son precisamente las televisoras privadas.

2. La toma de las instalaciones de CNI Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite por parte de un comando armado enviado por Ricardo Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca, el 27 de diciembre de 2002. Desde entonces el empresario se hizo de un canal adicional de cobertura local de manera ilegal, sin que hasta el momento la autoridad haya actuado conforme a derecho.


3. El acuerdo de adopción del estándar tecnológico ATSC/53, la política de transición a la Televisión Digital Terrestre y el modelo de multiprogramación, promulgado en 2004 por Vicente Fox, mismo que no promueve la pluralidad. En este mismo acuerdo se refrendaron las frecuencias de las televisoras hasta 2021 sin el pago de una contraprestación. Con esta multiprogramación las señales de Televisa y Tv Azteca se podrán multiplicar hasta por seis.

4. La aprobación unánime por 327 votos y en sólo siete minutos, el 1º de diciembre de 2005, de la llamada Ley Televisa, y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2006. Aunque esta iniciativa fue desmontada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el régimen jurídic, por la irrisoria cantidad de 884 millones de pesos. Haeció intocado y, por lo tanto, a favor de las televisoras.


5. El Acuerdo de Convergencia de 2006 que permite a los operadores de televisión y audio restringidos a ofertar telefonía (Televisa concentra 53% del total de suscriptores de televisión de paga).

6. Diversas autorizaciones por parte de la Comisión Federal de Competencia para que Televisa pudiera adquirir porcentajes mayoritarios de empresas de cable como Cablemás, Televisión Internacional (TVI), permitiéndole una concentración de más del 50% del mercado, sin que hasta el momento se le haya declarado dominante.


7. La resolución de la Cofeco que autoriza la comercialización de señales de televisión abierta para sus competidores, definidas en la Ley Federal de Radio y Televisión como libres y gratuitas. No existe en la ley la obligación del must offer y must carry y esa circunstancia beneficia una vez más a las televisoras y afecta seriamente la competencia para otros jugadores más pequeños.

8. El otorgamiento (10 de junio de 2010) al grupo de inversionistas integrado por Televisa, Telefónica y Megacable de un par de hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad, por la irrisoria cantidad de 884 millones de pesos. Han pasado dos años y todavía no iluminan ni operan esa infraestructura básica, que se concesionó a bajo costo para fomentar la competencia y la inversión en el mercado de las telecomunicaciones. La Auditoria Superior de la Federación en su informe del 2011 al Congreso determinó como un daño patrimonial a la Nación por el irrisorio precio con el que se ganó la licitación y el procedimiento mismo.


9. La aprobación de la concentración Iusacell-Televisa el pasado 14 de junio por parte de la CFC, con lo cual ésta última podrá dar servicio en todas las plataformas tecnológicas existentes y que convierten en la práctica al duopolio en un monopolio televisivo.

10. La falta de compromiso para impulsar una legislación integral en radiodifusión y telecomunicaciones. El PAN –secundado por otros partidos en ambas cámaras del Congreso– presentó la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, el esfuerzo más acabado por reformar el régimen legal en esta materia. Sin embargo, el alejamiento del gobierno y su partido para sacar adelante su propia iniciativa fue absoluto.

Si es en los medios de comunicación donde se pueden materializar la libertad de expresión y el derecho a la información, la herencia de los gobiernos panistas que permitió esta grosera concentración deja mucho que deberle al ejercicio de estos derechos por amplios sectores de la sociedad, pero sobre todo dejan una grave afectación a la democracia misma, tal como lo hemos constatado en este proceso electoral donde nuevamente la inequidad se reflejó en el penoso papel de los medios, especialmente de Televisa, antes soldado del PRI ahora General que manda.

Nota de La Silla Rota

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