Un nuevo sistema de medios
Los compañeros de Democratización de Medios del DF, presentaron este miércoles 7 de noviembre su propuesta para la democratización de los medios en el país. El cual se presenta a continuación.
Este documento continúa una discusión histórica sobre el rumbo
que México necesita tomar hacia la democratización de su sistema de medios de
comunicación, industrias culturales y telecomunicaciones, pieza fundamental de
la transición democrática del país. Esto lo entendemos como la integración del
interés social a distintos órdenes de la materia: aspectos legales, culturales,
éticos, filosóficos, cambio de prácticas sociales y sobre las condiciones de
mercado.
La comunicación alcanza a todos los problemas sociales, los
puede condicionar, transformar, visibilizar o invisibilizar. Los puntos que se
presentan, suponen una colección de elementos básicos de un horizonte que busca
materializar las aspiraciones de distintas voces y sectores sociales. Invitamos a que cada uno de ellos, sea leído
en el contexto del modelo que pretendemos dibujar.
En un escenario mundial de grandes
avances tecnológicos y de derechos civiles, México adolece con mayor gravedad
sus rezagos democráticos.
- Dado que el espectro radioeléctrico es un bien propiedad de la Nación reconocido por el artículo 27 constitucional, exigimos que la actividad de radiodifusión sea considerada de servicio público y no como actividad de interés general. Esto debido a que la segunda figura limita las responsabilidades de quienes ofrecen estos servicios para construir a favor del interés social y los alcances de la explotación de este recurso.
- Ante el inminente cambio tecnológico de la plataforma analógica a la digital, donde se abrirán nuevos espacios para canales nacionales y otros servicios de telecomunicaciones, Televisa y Tv Azteca se han asegurado de manera previa de imponer sus condiciones y con ello, obtener un poder todavía más grande. Esta transición tecnológica, significa una gran oportunidad para terminar con la concentración mediática. Por ello, exigimos que se garantice que el nuevo espacio no se destine a las actuales figuras dominantes del mercado sino que sea licitado a nuevos actores.
3. Bajo las
consideraciones del punto 1, exigimos la reorganización
del uso del espectro radioeléctrico de manera equitativa, a tercios, entre los
siguientes sectores: privado, público y social-comunitario. Los actores, habrán
de participar bajo el siguiente esquema de concesiones:
A) CONCESIONES
DE USO PRIVADO: Con fines de lucro. Deben operar en el mercado en condiciones de competencia. Los
concesionarios son responsables de sus contenidos, guardando como mínimo deber
respetar la Constitución y los Derechos Humanos. Se mantendrá claridad,
trasparencia y equidad en los procesos licitatorios para garantizar la
pluralidad y competencia real en el sector. Exigimos reglas claras que permitan
identificar los actores dominantes y desatar los mecanismos antimonopolio
correspondientes.
B) CONCESIONES
DE USO PÚBLICO: Sin fines de lucro. De contenidos de servicio público:
informativo, educativo, cultural, de ciencia y tecnología. Designados a
organismos dependientes del Estado (Canal del Congreso, Judicial, canales para
universidades públicas, comisiones de derechos humanos). Con recursos asignados
de ley. Están dotadas de autonomía organizativa, independencia editorial y
administrativa. Sin embargo, deberán implementar instrumentos para asegurar la
responsabilidad social del medio así como la participación ciudadana, tales
como Ombudsman de las audiencias, consejo técnico de contenidos, códigos de
ética, etc.
C) CONCESIONES
DE USO SOCIAL-COMUNITARIO: Sin fines de lucro. Con formas de financiamiento
mixto: ingresos producto de venta de publicidad, donaciones, acceso voluntario
a un fondo público, etc. El otorgamiento de estas concesiones se regirá por un
esquema flexible frente a los propósitos comunicativos de cada proyecto. El objetivo
de este sector es crear y mantener un espacio para la pluralidad de voces de
manera libre de la lógica comercial, de la injerencia estatal o de distintos
riesgos que apunten hacia la homogeneidad de lo comunicado.
4. Es indispensable la creación de un Organismo
Regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión con autonomía funcional, administrativa y financiera. Que cuente
con atribuciones tales como la asignación de concesiones, la vigilancia de su aprovechamiento,
establecer las directrices de las políticas públicas sobre telecomunicaciones,
el establecimiento de tarifas y el desarrollo de infraestructura, además de vigilar
el respeto a los derechos humanos y
derechos de las audiencias en los distintos servicios. El nombramiento de los
titulares de dicho organismo debe garantizar la inclusión efectiva de la ciudadanía, a favor de la integralidad y
especialidad, así como su independencia de los poderes de gobierno, cuotas
partidistas e intereses privados.
5. Demandamos el
establecimiento de una tasa mínima de participación en la radiodifusión para producción nacional independiente, es
decir, aquellos que no ostenten vínculos que puedan condicionar el trabajo
creativo o línea editorial de estos.
6. La relación entre
los medios de comunicación y las personas que los consumen necesita ser
repensada, el concepto “derechos de las
audiencias” se hace necesario frente a un paradigma dominante que reduce la
comunicación a un aspecto puramente industrial. Porque los medios de
comunicación deben su existencia a las audiencias y esto supone
responsabilidades que cumplir, exigimos el reconocimiento y cumplimiento de
estos, como lo son el derecho de réplica, el derecho a la rectificación, los derechos
frente a la programación y servicios o la prohibición de la publicidad encubierta.
7. Por ley
anualmente, el Órgano regulador deberá hacer de conocimiento público de manera
clara, gráfica y puntual un estudio
sobre la publicidad exhibida por los medios tanto impresos como de radio y
televisión, así como la conformación de su capital, de su consejo de
administración y comités. Siempre guardando los principios de privacidad de la
propiedad y de los derechos de las audiencias. Todo con la finalidad de aportar piezas informativas a la
sociedad que apunten a una mejor compresión del sistema de medios.
8. Las campañas de propaganda que tengan como finalidad destacar
los logros de gestión, objetivos alcanzados, generar imágenes positivas del
gobernante, partido en turno o cualquier órgano de gobierno, deben estar prohibidas en todos los niveles. La
comunicación social debe remitirse exclusivamente a la difusión de servicios
públicos, en los términos que lo establece el artículo 134 constitucional.
- México debe contar con una infraestructura pública nacional de acceso a banda ancha que preste un servicio gratuito de Internet a la población de al menos 1Mb/s y permita la generación de nuevos competidores en el mercado de proveedores de acceso a Internet. Esta primera base, tendría que ajustarse conforme al tiempo en tanto al cambio tecnológico y las necesidades de la gente.
Es fundamental mantener el principio de la menor regulación posible a Internet, pero con ello, el Estado debe garantizar la neutralidad de la red. Esto ante la posibilidad de que proveedores de acceso a Internet puedan bloquear, interferir, entorpecer o discriminar en torno a la libre utilización de la red por parte de los usuarios.
- Exigimos la integración de la alfabetización mediática y digital en las políticas públicas educativas. Esto ante el nuevo paradigma histórico donde el exceso de información es la norma y la necesidad de tener instrumentos de discriminación, tratamiento y calificación personal de la misma, resulta indispensable e impostergable atender.
12. Reconociendo el
fenómeno de la convergencia en la que los medios y plataformas tecnológicas se
entrecruzan cada vez más, exigimos reglas claras para la manera en que los
empresarios participan en estas, para evitar la concentración económica y limitar
su injerencia en la opinión pública. Reglas sobre propiedad cruzada tanto
horizontales como verticales que impidan la formación de monopolios, asegurando
así el principio de pluralidad en las telecomunicaciones y medios de
comunicación.
13. Todas las cableras
y sistemas de televisión satelital en el país deben transmitir en todas sus
ofertas de programación la televisión abierta de alcance nacional sin que ello implique un costo adicional
para estos operadores. Para las concesiones de televisión abierta de alcance
local, estas reglas deberán aplicar también pero sólo para sus suscriptores
locales.
- Hacemos un llamado a la responsabilidad ética y moral de los empresarios dueños de los medios de comunicación, así como a la obligación del Estado, para respetar el derecho de los periodistas a organizarse, de así considerarlo, y de decidir de manera libre el deber ser de su profesión. El gremio vive una situación excepcional a nivel mundial de inseguridad, censura directa e indirecta, represión, coerción y precariedad laboral.
